Las APP son acuerdos por los cuales las empresas del sector privado esencialmente sustituyen al Estado como proveedor de servicios públicos e infraestructuras tradicionales, como la salud y la educación, el transporte, la energía, el agua y el saneamiento. Quienes las impulsan señalan su valor en la recaudación de recursos y en la eficiencia, lo que a su vez llevará al cumplimiento de objetivos sociales, como la igualdad de género. Pero su evidencia es débil. De hecho, la investigación disponible sugiere que, en realidad, las APP pueden exacerbar la desigualdad de género de tres maneras:

1. Con demasiada frecuencia, las APP son más costosas y conllevan más riesgo que la provisión pública, por lo que no aumentan los recursos disponibles de los gobiernos. En su lugar, se corre el riesgo de crear restricciones fiscales adicionales que socavan la capacidad del Estado de cumplir con servicios públicos e infraestructuras que logren cambios transformadores en cuestiones de género y de promover el trabajo digno para las mujeres.
2. Los proveedores privados son, en última instancia, responsables ante los accionistas, no ante los ciudadanos. La búsqueda de beneficios restringe el acceso a los servicios para los más marginados, socavando así la capacidad de los proyectos APP de contribuir a objetivos sociales como la igualdad de género. Su falta de transparencia agrava todavía más el problema.
3. Esta búsqueda de beneficios también limita la oferta de ‘trabajo digno’ para las mujeres dentro de los proyectos operados por las APP.

Debido a la discriminación por motivos de género, las mujeres (en particular las que enfrentan discriminaciones cruzadas, por ejemplo, debido a su raza) tienen menores ingresos y menos activos y, por lo tanto, hacen más trabajos de cuidado no remunerado. Como resultado, las mujeres son, a la vez, más dependientes de los servicios sociales y la infraestructura y menos capaces de acceder a ellos. Además de aumentar la cantidad de los suministros, la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres requiere servicios sociales e infraestructuras transformadoras de género que satisfagan las necesidades prácticas de las mujeres y las prioridades estratégicas.

Para que los donantes y los gobiernos cumplan con sus obligaciones en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, se necesita un enfoque mucho más basado en la evidencia sobre la forma en que se financian las infraestructuras y los servicios sociales. Las instituciones financieras internacionales y sus gobiernos miembros deben detener la promoción las APP impulsada por la ideología y, en su lugar, velar por que los mecanismos de financiamiento elegidos contribuyan a la gualdad de género y a otros objetivos sociales en la Agenda 2030, en lugar de socavarlos. El objetivo de este documento es contribuir al creciente debate de la sociedad civil sobre las APP

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