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Resumen: Fuera de servicio: Cómo amenaza a los servicios públicos y los derechos humanos la creciente crisis de la deuda

Added 20 Feb 2020
Los servicios públicos desempeñan un papel fundamental en los avances en materia de derechos humanos y lucha contra la desigualdad. Sin embargo, los crecientes niveles
de deuda pública externa, especialmente en el Sur global, amenazan los servicios de los que dependen los ciudadanos para tener, incluso, un nivel de vida básico.

Los niveles de deuda externa están aumentando unavez más y crece una nueva ola de crisis de la deuda. La tendencia actual de abordar los problemas de sostenibilidad
de la deuda a través de políticas de austeridad neoliberal reduce, en lugar de aumentar, los recursos económicos disponibles. Los recortes presupuestarios resultantes y la promoción de estrategias de privatización, junto con las Asociaciones Público Privadas (APP), en última instancia, ponen en peligro la capacidad de los servicios públicos para promover los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Este informe hace un cuidadoso análisis del impacto de las crisis de deuda en los servicios públicos y de cómo en los países empobrecidos, en particular, hay un impacto
negativo sobre los derechos de las personas, especialmente en los derechos de las mujeres. Cuando se consideran las desigualdades de género existentes, junto con las necesidades e intereses prácticos y estratégicos de las mujeres, en el diseño de los servicios públicos, estos pueden ayudar a abordar las barreras a las que se enfrentan las
mujeres en una serie de sectores y situaciones. Pero cuando no se dispone de recursos para los servicios públicos, lograr la igualdad de género se vuelve extremadamente difícil.

Un panorama de deuda deteriorado

Desde 2011, la proporción de deuda bruta de los gobiernos en relación con el PIB ha crecido en todas las regiones del Sur global.

Este informe señala que:

• Entre 2010 y 2018, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos del Estado crecieron un 83 por ciento en los países de ingreso bajo y medio, desde un promedio de 6,71 por ciento en 2010 a un promedio de 12,56 por ciento en 2018.

• En África Subsahariana, concretamente, la proporción de ingresos públicos destinados a pagos por servicios de deuda externa creció más del doble, de 4,56 por ciento en 2010 a 10,8 por ciento en 2018. Ese aumento amenaza con socavar los avances observados en la región tras el alivio de la deuda en el marco de las iniciativas para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

• Además, al menos 20 gobiernos del Sur global gastaron más del 20 por ciento de sus ingresos para atender las deudas externas en al menos uno de los últimos cinco años. En algunos casos, como en Angola, Djibouti, Jamaica, Líbano, Sri Lanka o Ucrania, más del 40 por ciento de los ingresos públicos se destinaron al servicio de la deuda pública externa en algún momento entre 2014 y 2018. Es preocupante que, en la mayoría de los casos, esto se deba a un aumento en los pagos de la deuda, en lugar de una disminución de los ingresos, y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no indican una reversión de esta tendencia en los próximos años. 

El impacto de las crisis de deuda en los servicios públicos y los derechos humanos 

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de promover el progreso social y mejores estándares de vida, también mediante la asignación de recursos suficientes para la prestación de servicios públicos. Sin embargo, en un contexto global en el que predomina un enfoque neoliberal, se están aplicando medidas de austeridad en nombre de la disciplina fiscal y el gasto público no relacionado con la deuda ha disminuido significativamente en los últimos años. Como resultado, cada vez se asignan menos recursos a los servicios públicos.


Este informe muestra como:

• Entre 2014 y 2018 los recursos gastados en servicios públicos disminuyeron en más de un 18 por ciento en América Latina y el Caribe y en un 15 por ciento en África Subsahariana. De cara al futuro, el FMI predice que esta tendencia continuará en todas las regiones.

• Según estas proyecciones, el gasto público en África Subsahariana alcanzará un mínimo histórico en 2024, con un 20,74 por ciento del PIB. En América Latina y el Caribe está pevisto que el gasto público caiga de 33,76 por ciento en 2014 a 29,85 por ciento del PIB en 2024. En Medio Oriente Medio y Asia Central del 32,96 por ciento en 2014
a 29,82 por ciento del PIB en 2024. Mientras tanto, el FMI predice que los niveles de deuda seguirán aumentando.

• Esto ya está teniendo un impacto directo en servicios básicos como la educación o la salud. En al menos 21 países de ingreso bajo y medio, el gasto en educación pública como porcentaje del PIB disminuyó entre 2015 y 2017, mientras que el servicio de la deuda como porcentaje del PIB estaba aumentando. Del mismo modo, en los 39 países donde se dispone de datos, el gasto sanitario general per cápita del Estado disminuyó entre 2014 y 2016, mientras que el servicio de la deuda per cápita aumentó. 

El impacto de las medidas de austeridad y, en particular, los recortes presupuestarios a los servicios públicos esenciales recaen más sobre las mujeres y las niñas. Son principalmente las mujeres las que soportarán la carga extra de las tareas de atención no remuneradas que los servicios públicos dejarán de prestar (o de la disminución tanto de la calidad como de la cobertura). Las mujeres se concentran más que los hombres en sectores de menores ingresos de la sociedad, por lo que las mujeres se ven más afectadas por los recortes en los programas de protección social y los subsidios alimentarios o energéticos, o, por ejemplo, por la eliminación de servicios vitales para las sobrevivientes de la violencia de género. Los topes salariales de los empleados públicos afectan directamente los ingresos de las mujeres y su seguridad económica, ya que el sector público tiende a ser una fuente importante de empleo para las mujeres.

Un nuevo enfoque para hacer frente a la deuda

Si queremos evitar otra “década perdida” para los derechos humanos y el desarrollo a medida que se desarrolla la nueva ola de crisis de deuda, es urgente que las IFI y los
gobiernos adopten un nuevo enfoque para la prevención y resolución de crisis de deuda soberana. Uno que ponga a las personas en primer lugar y proteja sus derechos por encima los beneficios de los acreedores.

Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y adoptar enfoques proactivos para incorporar los derechos humanos y la igualdad de género en la formulación de políticas públicas, incluso mediante la integración de evaluaciones de impacto de los derechos humanos sensibles al género en la planificación de políticas y la gestión de deudas. Además, será fundamental la adopción de un enfoque más amplio para evaluar la sostenibilidad de la deuda, que integre los derechos humanos, junto con otras consideraciones sociales, de género, ambientales y de desarrollo, que fortalezca la prevención de crisis de la deuda y amortigüe los impactos del sobreendeudamiento sobre las poblaciones.

Cuando la crisis golpea y la reestructuración de la deuda se hace inevitable, los retrasos aumentan el costo económico y social de las reestructuraciones y prolongan el período de tiempo durante el cual los problemas de la deuda soberana afectan negativamente a los servicios públicos. Por otro lado, una reestructuración de la deuda más pronta, integral y eficiente podría dar lugar a resultados más justos y sostenibles.

Eurodad, otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y críticos han puesto de relieve durante mucho tiempo la ausencia de un mecanismo multilateral de restructuración de la deuda soberana para proporcionar este enfoque sistemático para la resolución de crisis. Este informe ilustra que, a medida que las perspectivas de la deuda se deterioran en todo el mundo, deben renovarse los esfuerzos internacionales para desarrollar y acordar ese mecanismo. Entretanto, los acreedores y las IFI deberían trabajar para promover reestructuraciones más oportunas y eficaces y dejar de promover una ortodoxia que se base en políticas y condiciones de préstamos perjudiciales, centradas en la austeridad.

En el contexto de una nueva ola de deuda mundial, la erosión del gasto en servicios públicos, a través de recortes directos y basados en la austeridad, y el aumento de los pagos de la deuda ya está poniendo en peligro rutas viables para alcanzar la agenda de desarrollo 2030, la Plataforma de Acción de Beijing sobre igualdad de género y los objetivos climáticos de París.

La urgencia es clara. Ahora es el momento de promulgar las reformas necesarias para un sistema internacional de resolución de deuda soberana que indiscutiblemente está fuera de servicio.